El diputado Rodrigo Fuensalida informó que durante el mes de julio se realizará una socialización integral del proyecto hidroeléctrico Carrizal, con el propósito de presentar los resultados de los estudios técnicos y ambientales, además de exponer los beneficios que la iniciativa generará para Tarija y el país.
La autoridad explicó que la Brigada Parlamentaria cumple únicamente una labor informativa, mientras que la entidad ejecutora será la encargada de presentar oficialmente los alcances del proyecto.
En ese sentido, aseguró que los estudios concluyen que la construcción de la represa no ocasionará daños ni impactos ambientales.
Fuensalida destacó que el proyecto, emplazado entre Tarija y Chuquisaca, constituye una inversión estratégica para fortalecer la seguridad energética de Bolivia frente a la disminución de la producción de gas natural.
Señaló que la generación hidroeléctrica permitirá incrementar la participación de energías renovables en la matriz energética nacional, alcanzando entre el 40 % y el 50 % de la demanda de electricidad.
Asimismo, indicó que una segunda fase contempla la implementación de aproximadamente 90.000 hectáreas de riego en el Chaco tarijeño, lo que impulsará la producción agrícola y contribuirá al desarrollo económico de la región.
En el ámbito ambiental, el legislador sostuvo que los estudios prevén una provisión constante de agua, una reducción de los efectos de las sequías y un fortalecimiento de la actividad pesquera durante gran parte del año.
Agregó que también se realizaron reuniones con comunidades indígenas para atender sus inquietudes, especialmente respecto a la protección del río Pilcomayo.»Si en algún momento evidenciamos que existe algún tipo de daño al río Pilcomayo, seremos los primeros en paralizar el proyecto; sin embargo, estamos convencidos de que los estudios han sido adecuados y que la socialización ha demostrado que no habrá afectaciones», afirmó.
Finalmente, informó que el Gobierno nacional incluyó el proyecto Carrizal dentro de una cartera de iniciativas estratégicas que serán presentadas a inversionistas y empresas internacionales bajo la modalidad de concesión, debido a que el Estado no cuenta con los recursos para ejecutar una obra cuyo costo supera los 1.300 millones de dólares.
Según indicó, existe voluntad del Gobierno para concretar este proyecto de infraestructura de gran magnitud.
