(Fuente: Opinión)
El Gobierno reportó un freno significativo al contrabando de diésel en las zonas fronterizas del país, tras la implementación del Decreto Supremo 5503. De acuerdo con el primer balance del Ministerio de Hidrocarburos, la demanda de este combustible cayó en un 30%, un dato que refuerza la tesis oficial sobre el impacto real del desvío ilegal de carburantes.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que los controles y el nuevo marco normativo permitieron reducir de forma drástica la salida ilegal de combustibles hacia Perú, Brasil y Argentina. A su criterio, los resultados iniciales confirman que el diésel está comenzando a permanecer en el mercado interno.
“El balance energético es positivo”, sostuvo la autoridad, al señalar que la caída en la demanda coincide con las proyecciones que estimaban que entre el 30% y 40% del consumo nacional de diésel estaba vinculado al contrabando. Aunque aclaró que aún se procesan datos para consolidar el análisis final, afirmó que los indicios son contundentes.
Entre los principales elementos que sustentan esta evaluación, Medinaceli mencionó la desaparición del diésel boliviano en la frontera con Perú, la reducción de filas en el Beni vinculadas al transporte hacia Brasil y el freno al contrabando de extracción en el sur del país, especialmente en la frontera entre Potosí y Argentina.
Según el ministro, la estabilización de precios del diésel permitió aliviar la presión sobre el sistema de abastecimiento, dinamizar la demanda real y, además, acumular reservas estratégicas para garantizar el suministro del mercado interno en el corto y mediano plazo.
La promulgación del Decreto 5503 marcó un punto de quiebre en la política energética al eliminar el subsidio a los carburantes y redefinir los costos operativos. Medinaceli subrayó que la medida no debe analizarse solo desde una perspectiva económica, sino como una decisión con efectos estructurales sobre la estabilidad del país.
“Levantar la subvención no es solo un acto económico, es un acto moral”, afirmó el ministro, al remarcar que el objetivo es desalentar prácticas ilícitas y transmitir a las nuevas generaciones que el trabajo honrado también genera resultados sostenibles.
Finalmente, la autoridad denunció que durante años existió una corrupción “gigantesca” en el sector energético y recordó que el Estado destinaba alrededor de 10 millones de dólares diarios para importar combustibles subvencionados. En ese marco, sostuvo que la nueva política busca no solo sanear las finanzas públicas, sino también recuperar la ética y la transparencia en la gestión de los recursos estratégicos del país.