(Fuente: Red UNO)
La posibilidad de declarar un estado de excepción volvió al centro del debate político y social en Bolivia tras la escalada de bloqueos, enfrentamientos y hechos de violencia registrados en distintas regiones del país. Sectores cívicos y políticos comenzaron a plantear públicamente la aplicación de medidas extraordinarias para restablecer el orden interno.
La Asamblea de la Cruceñidad fue una de las primeras instancias en exigir al Gobierno la activación de un “estado de excepción sectorizado”, amparándose en el artículo 137 de la Constitución Política del Estado. La propuesta surge en medio de protestas, desabastecimiento y dificultades para el traslado de alimentos, medicamentos y oxígeno.
El constitucionalista José Luis Santistevan explicó que la Constitución permite al presidente declarar el estado de excepción mediante decreto supremo cuando exista peligro para la seguridad del Estado, conmoción interna o desastres naturales. Además, aclaró que la medida puede aplicarse de manera focalizada en determinadas regiones o municipios.
Según el jurista, esta herramienta constitucional busca restablecer garantías fundamentales afectadas por los bloqueos y la conflictividad social, especialmente el derecho a la circulación, la alimentación y el acceso a la salud. También recordó que la declaratoria debe ser revisada por la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo de 72 horas.
Durante un estado de excepción, algunas garantías constitucionales pueden ser restringidas temporalmente. Entre las medidas contempladas figuran limitaciones a la circulación, mayores controles de seguridad, restricciones a concentraciones públicas y un incremento de la presencia policial y militar.
No obstante, la Constitución establece límites claros. Derechos fundamentales como el derecho a la vida, el debido proceso, la defensa y las garantías judiciales deben mantenerse vigentes incluso bajo un régimen excepcional.
El debate generó posiciones divididas dentro del escenario político. Mientras algunos sectores consideran que la medida permitiría recuperar el control y frenar la violencia, otros advierten que podría profundizar aún más la tensión social y derivar en mayores enfrentamientos.
Desde el Gobierno, el vocero José Luis Gálvez reconoció que la Constitución faculta al Ejecutivo a aplicar un estado de excepción; sin embargo, manifestó preocupación por las consecuencias políticas y sociales que podría generar una medida de este tipo.
Gálvez sostuvo que responder con más violencia podría empeorar la crisis y abrir espacio a escenarios de confrontación y victimización política. Además, alertó que un estado de excepción implica restricciones generales y una intervención más dura de la Policía y las Fuerzas Armadas.
La discusión se desarrolla en un contexto marcado por protestas, pedidos de renuncia al presidente Rodrigo Paz y enfrentamientos en La Paz y otras regiones del país, donde ya se registraron heridos, arrestos y el uso de explosivos y agentes químicos durante los operativos de control.