La Fiscalía Departamental de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Armin Ludwig Dorgathen Tapia, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el marco de un proceso penal por la presunta comisión del delito de contrabando de exportación agravado, según el artículo 181 del Código Tributario modificado por la Ley N° 1053.
La medida fue dictada por el fiscal de materia Yeison Américo Plata Maldonado, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Tributarios y Aduaneros, en cumplimiento de las atribuciones que le confieren los artículos 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 260 y los artículos 70 y 226 del Código de Procedimiento Penal.
El proceso penal fue iniciado a raíz de una denuncia presentada por funcionarios de la Aduana Nacional, específicamente Rodrigo Acuña Sánchez, administrador de la Aduana Frontera Yacuiba, y Jesús Salvador Vargas Cruz, técnico en gestión aduanera y operativa de la Gerencia Regional Tarija.
Ambos señalaron presuntas irregularidades en una exportación que habría vulnerado las normas aduaneras vigentes.La resolución establece que la aprehensión deberá ser ejecutada por el investigador asignado o cualquier funcionario policial competente, de acuerdo con el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, y dispone que el investigado no consigne, es decir, que permanezca detenido hasta que se defina su situación judicial.El documento oficial fue emitido el 8 de octubre de 2025 en la ciudad de Yacuiba y lleva la firma del fiscal Plata Maldonado, quedando formalmente registrado como una investigación por delitos tributarios y aduaneros relacionados con posibles actos de corrupción.Hasta el momento, no se han informado detalles sobre la ubicación de Dorgathen ni sobre si se ha cumplido la orden de aprehensión, aunque se espera que las autoridades procedan a ejecutar la medida de manera inmediata, dadas las implicaciones legales y administrativas del caso.El caso ha generado gran atención mediática y política, dado que involucra al máximo representante de YPFB, la principal empresa estatal de hidrocarburos del país, y pone en evidencia posibles irregularidades en operaciones de exportación que podrían afectar la transparencia y el control aduanero en Bolivia.