Fuente: (Opinón)
El presidente Luis Arce promulgó este miércoles la Ley de Diferimiento de Crédititos, una norma que dispone la postergación automática del pago de cuotas bancarias y suspende remates y embargos en todo el territorio nacional.
La medida, que fue sancionada la pasada semana por la Asamblea Legislativa, había generado amplias tensiones entre el Gobierno, el sistema financiero y el sector empresarial.
La ley fue publicada en la Gaceta Oficial, según confirmó la red Erbol, tras varios días de presión por parte de organizaciones sociales que exigían su promulgación inmediata.
Estos sectores habían acusado al Ejecutivo de demorar deliberadamente la aplicación de una norma que califican como un alivio necesario para las familias y microempresarios afectados por la crisis económica.
Entre los puntos más relevantes, la nueva ley establece un diferimiento automático de seis meses para los pagos de créditos de vivienda de interés social y de microempresarios.
Este plazo incluye la postergación de pagos a capital, intereses, seguros, comisiones y otros cargos financieros.Además, durante ese mismo periodo, se suspenden las órdenes judiciales de embargo, remates, desapoderamientos y ejecuciones de sentencias vinculadas a créditos de vivienda de interés social.
La medida busca evitar que familias o pequeños prestatarios pierdan sus bienes mientras se estabilizan sus economías.La normativa también garantiza que el diferimiento no implique el aumento de tasas de interés, penalizaciones por mora o costos administrativos adicionales, lo que significa que las entidades financieras no podrán aplicar sanciones ni cobrar recargos a los beneficiarios durante este tiempo.
El Gobierno deberá reglamentar la ley mediante Decreto Supremo en un plazo de diez días hábiles, contados a partir de su publicación oficial. Este reglamento precisará los mecanismos de aplicación, los criterios de elegibilidad y la coordinación con el sistema financiero.
Sin embargo, la decisión presidencial provocó el rechazo inmediato del sector bancario y empresarial, que advierte un riesgo para la liquidez del sistema financiero y una posible reducción en la capacidad de otorgar nuevos créditos.
El diputado del PDC, Manolo Rojas, también criticó la medida y acusó al MAS de promover “un caos financiero”, anunciando que presentará una propuesta legislativa para revertir el diferimiento y restablecer la estabilidad del sistema crediticio.